El gobierno italiano de coalición, entre la extrema izquierda del 5 estrellas y la extrema derecha de la Liga, mostraba finalmente su verdadero rostro: sus verdaderas intenciones populistas. Los líderes Di Maio y Salvini, vicepresidentes del Gobierno de coalición, rehenes de promesas electorales desorbitadas –que incluían grandes recortes de impuestos, rebajas en la edad de jubilación e incluso un ingreso básico de subsistencia–, ante los brotes de desconfianza de los mercados, en mayo y en agosto, se habían comprometido a aprobar un presupuesto prudente que no entrase en conflicto con las normas del Pacto de Estabilidad de la UE.
Llegado el momento de la verdad (la madrugada del viernes 28) y contra la opinión de su ministro de finanzas, Giovanni Tria, la coalición anunciaba un objetivo de déficit para los próximos tres ejercicios del 2,4% sobre el PIB; el triple del objetivo del 0,8% de la Administración anterior. Tanto la UE como el ministro de finanzas, e incluso los mercados, esperaban que la coalición de gobierno hubiese mantenido el objetivo de déficit presupuestario entre 1,6% y 2% del PIB. Pero Di Maio y Salvini, finalmente, imponían su criterio de un déficit mucho mayor. Tras el anuncio, la rentabilidad de la deuda italiana se disparaba con una subida de 38pb y las acciones bancarias se desplomaban arrastrando al resto de los mercados europeos.
Otra de las víctimas era la cotización del euro, ya que preocupa que el aumento del déficit pueda traer mayores problemas para Italia. La carga de la deuda de Italia, cercana al 131% del PIB, ya es la más alta de la Eurozona después de la de Grecia. Si los inversores perdieran la confianza en que el Gobierno italiano pueda controlar el nivel de endeudamiento, la Unión Europea podría verse abocada a tener que rescatar a Italia o permitir que la tercera mayor economía salga del euro poniendo en peligro la continuidad de la moneda común.
Pero todo podría todavía reconducirse: la dura realidad del encarecimiento inmediato de la financiación por la pérdida de credibilidad podría obligar a Italia a rectificar y seguir el camino de la prudencia. El anuncio de los planes presupuestarios del gobierno volvía de nuevo a encarecer el coste de la deuda, en una dinámica que ha demostrado ser aleccionadora en los últimos meses.
El gobierno italiano deberá presentar su proyecto de presupuesto a la Comisión Europea antes del 15 de octubre y, en ese momento, no está claro cómo responderá la Comisión. Bruselas tiene la prerrogativa de imponer multas de hasta el 0,2% del PIB a los países que, de forma continuada, infrinjan las normas fiscales. El comisario Moscovici manifestaba no tener “ningún interés en una crisis entre la Comisión e Italia» pero, manifestaba también, que tampoco interesa “que Italia ni respete las reglas ni reduzca su deuda pública, que sigue siendo explosiva». De todos modos, cabe recordar que en 2016 cuando llegó el momento de imponer sanciones a España y Portugal, la Comisión optó por no penalizarlas, y en su lugar impuso sanciones simbólicas.
El ministro Giovanni Tria, en una entrevista en el periódico Il Sole 24 Ore el domingo 30 de septiembre, declaraba ser “plenamente consciente de las preocupaciones europeas, y de que los niveles de déficit no están en línea con los acuerdos de la UE», pero argumentaba que el mayor crecimiento ayudaría a mantener controladas las finanzas públicas y que Italia aún podría reducir el endeudamiento en un 1% del PIB en los próximos tres años.
Y, pese a todo, si se mira más allá de los problemas de Italia, la confianza empresarial en Alemania mejoraba, y a los miembros del Consejo de Gobierno del BCE lo que les preocupaba era el aumento de las presiones inflacionista. El presidente Mario Draghi manifestaba que aprecia un repunte vigoroso de la inflación subyacente y el irlandés, Philip Lane, señalaba que los salarios vienen repuntando. Esto significa que, probablemente, en la reunión del BCE a finales de octubre, sus comentarios sobre la inflación serán más duros.
Fernando González Cantero
Presidente de PBI Gestión Agencia de Valores
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